Recientemente la responsable de Medio Ambiente del Partido Popular y Ministra de ramo, Isabel García Tejerina ha vuelto a manifestar (el pasado 27 de marzo) su intención de desproteger las escasas poblaciones que el Lobo Ibérico (Canis lupus signatus) mantiene en España. No es nada nuevo, puesto que ya el PP ha intentado en numerosas ocasiones (Con el infame Arias Cañete a la cabeza) menear los hilos necesarios para que la Unión Europea desproteja a este mítico mamífero en nuestro País.
Como coartada para tal aberración, el Partido Popular se agarra a dos clavos rusientes, por un lado al fruto de un presunto censo poblacional, cuyo resultado está puesto en tela de juicio por buena parte de los expertos en lobo Ibérico y en conservación de especies. Un censo que no es otra cosa que una estimación grosera.
Un censo a la carta que afirma que en España existen 297 manadas (grupos familiares de lobos) diferentes, por lo que se atribuye una población mayor a la registrada hace una década, en los que el censo arrojó una población de 250 manadas.
Censar de esa manera la población de un mamífero tan “movido” y divagante como el Lobo puede llevar a grandes errores de bulto, máxime cuando se pretende dar como dato básico la presunción de que cada manada esté compuesta por entre 6,7, 8 o incluso 9 ejemplares, si bien hay expertos que opinan que en buena parte de España las manadas no superarían los 4 ó 5 ejemplares. Y esta discrepancia de criterio no es baladí, ya que utilizar una estimación o la otra puede multiplicar por 2 la población de forma irreal.
Pero independientemente de criterios científicos o de disputas numéricas o metodológicas, la realidad es que aunque la población española sea de 1000 ó de 2000 lobos, es una cifra absolutamente insuficiente para garantizar su supervivencia a futuro, y en modo alguno justifica que la especie sea descatalogada como protegida en nuestro país.
El segundo asidero del Partido Popular son los supuestos daños que el Lobo causa a la cabaña ganadera, unos daños a ovejas, cabras y otros animales que no siempre son autoría del gran cánido ibérico, sino que en buena parte de las ocasiones son responsabilidad de jaurías de perros asilvestrados y abandonados que pululan libremente por los montes .
Con independencia de quién sea o no sea el responsable, en muchas Comunidades Autónomas (con presencia fija u ocasional del Lobo) se habilitan partidas presupuestarias cada año para sufragar los daños del Lobo.
Como ejemplo, en el año 2014 se presupuestaron 1.156.000 euros, de los cuales buena parte ni tan siquiera se gastó; así sucedió en una de las zonas más densamente pobladas por la especie, como es Castilla y León, en la que el dinero presupuestado era de 200.000 euros y se gastó en indemnizaciones solamente la mitad (108.000). Por tanto, podríamos afirmar que en el peor de los casos la repercusión de los daños en toda España sería de aproximadamente 1,5 millones de euros anuales. ¿Es esto mucho dinero?... Para nada, y además se puede aminorar, ya que el impacto del lobo sobre algunas economías ganaderas puede ser fácilmente reducido con la toma de medidas efectivas para una mejor protección de los ganados frente a los ataques, identificando mejor la verdadera autoría de las muertes (no siempre atribuibles al Lobo) y también acabando con el fraude que en algunas comunidades se ha demostrado existe a cuenta de la presencia del Lobo.
Por todas estas cuestiones resulta triste y profundamente nauseabundo, ver cómo nuestro gobierno, un gobierno conservador y en funciones, pretende convencer a la Unión Europea para que desproteja a una especie que sigue estando al borde del abismo, y cuyas poblaciones se pueden ver mermadas fatalmente si se regulariza y extiende su aprovechamiento cinegético. Y todo ello es todavía más repugnante (si cabe) cuando los argumentos que se esgrimen son tal pueriles como un estudio científico a la carta, hecho y contratado con el único fin de ofrecer datos que refrenden las ansias de matar que algunos demuestran.
Por otra parte hay que decirle alto y claro a los representantes y dirigentes del PP en el Ministerio de Medio Ambiente y de los departamentos de agricultura y ganadería de las Comunidades Autónomas , que si lo que pretenden es ahorrarse ese millón y medio de euros anuales por daños que causa el Lobo, tengan muy presente que tan solo recuperando el dinero que sus compañeros de partido han robado ( y tan solo en la Comunidad Valenciana, según su vicepresidenta fueron más de 13.000 millones de Euros) tendríamos dinero suficiente como para pagar los daños de toda la población lobera de España en los próximos 8.000 años….Si a lo robado por su partido en Valencia, le sumamos lo que han robado en el resto del Estado, igual resulta que es mejor para la economía desproteger a los corruptos del Partido Popular y dejar al Lobo con su merecida protección.
Los daños que la presencia del Lobo causa a la economía de los ganaderos es infinitamente menor que la que nos han causado a la economía global de España los ladrones de traje y corbata, y a nadie se le ocurre por ello empezar a dar permisos para "cazarlos" y que reintegren todo lo robado.