La Fiscalía impulsó y apoyó la demanda laboral de Jesús Mª. García contra el Gobierno de la Rioja.

La Comunidad Autónoma de la Rioja, como administración pública y como empresa, no debería caer en la desfachatez de utilizar una legítima demanda laboral de uno de sus trabajadores para atarcarlo políticamente.
Eso es lo que ha hecho esta mañana al emitir un comunidado manipulando y ocultando la verdad diafana de un asunto laboral y privado. La nota interesada del Gobierno de la Rioja, no hace otra cosa que querer distraer la verdadera naturaleza de esta causa impulsada por un trabajador contra su empresa, y hace algo sorprendente: ocultar el hecho de que el recurso contra el propio Gobierno fue impulsado por la Fiscalía.


A finales de 2008 tuve que denunciar como funcionario del Gobierno de La Rioja que era (y sigo siendo) , la ocupación ilegal de casi 2 hectáreas de la Reserva Natural de Los Sotos del Ebro por un familiar de la entonces Consejera de Medio Ambiente Aranzazu Vallejo.
En esas mismas propiedades del Ayto. de Alfaro, se arrancó toda la vegetación natural, que estaba protegida. La denuncia era impepinable.

Esta denuncia, que fue justamente sancionada por el Gobierno de La Rioja y posteriormente ratificada por los juzgados, me trajo (como consecuencia de hacer bien mi trabajo), una persecución laboral en la Consejería de Medio Ambiente, que supuso se abrieran 3 expedientes disciplinarios en tan sólo 7 meses, cuando llevaba más de 20 años de servicio ejemplar sin una sola amonestación.
Sentó poco bien que denunciase a la familia de la jefa y que el asunto terminara convirtiéndose en un escándalo alentado por Diario La Rioja y sus reporteros de investigación. Concretamente Alberto Gil.

A consecuencia de esta situación de acoso laboral, en febrero de 2011 (ni tan siquiera era en esa fecha diputado) presenté una demanda en el juzgado contra mi empresa (Gobierno de la Rioja)….. Una demanda en la que no especificaba los delitos cometidos contra mí, ni tan poco señalaba a nadie como autor de dichos delitos. Se aportaban asépticamente los hechos y se dejaba a criterio del juez si abrir o no actuaciones.

El Juez, Ulpiano González al conocer la entidad de lo manifestado decidió abrir diligencias y llamó a declarar a muchos testigos; al demandante, a la administración, entre ellos a cinco Agentes Forestales que habían sido testigos del acoso laboral.

Fue el Ministerio Fiscal, quién en base a las diferentes declaraciones pidió al juez la imputación de tres altos funcionarios como responsables presuntos de un delito de amenazas y coacciones. Fue el fiscal, y no Jesús María García quién lo pidió y el Juez quien los imputó.

Con posterioridad, en noviembre de 2014 el juez decidió archivar provisionalmente el caso, pero tanto el demandante, como el Ministerio Fiscal recurrimos el archivo por no estar de acuerdo.
Ahora, un año y medio después, el juzgado quita la razón a Jesús María García y al Ministerio Fiscal, archivando el caso. Pues muy bien.

Llegados a este punto cabe matizar tres cuestiones:

- Es un caso legítimo de demanda laboral de un trabajador contra una empresa. No un tema político ni que se derive de la gestión pública. Un tema de la esfera privada.

- Tanto el demandante como el Ministerio Fiscal han defendido hasta el último momento la existencia de un presunto delito contra este Funcionario.

- Por último, ya se han activado los protocolos para solicitar la documentación pertinente y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional….Porque esta “fiesta” todavía no ha terminado.



PDT) Esto dice exactamente la fiscalía, considera que existió delito de amenazas y coacciones y considera necesario que se traiga al proceso a la propia Comunidad Autónoma como responsable civil del acoso :