¿El gran problema de España?

En el hipotético caso de que el alto número de aforados que existen en España, 250.000, fuesen (por la condición de tal), un lastre social, económico o sanitario para el país, tendríamos que estar muy agradecidos a todas aquellas voces que se muestran partidarias de acabar con estos “privilegios”. Pero no es el caso.
Pasando por alto el hecho de que la inmensa mayoría de quienes hablan del tema desconocen lo que supone ser aforado, hay que decir que la figura del aforamiento se creó con unas motivaciones garantistas y un fin justificado; no fue una ocurrencia absurda de los padres de la Constitución de 1978, ni de una "banda" de legisladores beodos.

Por fortuna estos 250.000 aforados no suponen lastre alguno, ya que su condición de tal únicamente influye para que en vez de ser juzgados, procesados (imputados / investigados) por un juzgado ordinario lo sean por los tribunales superiores de justicia autonómicos, o en su caso por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Eso es todo. En eso empieza y termina el privilegio.
Ninguno de esos aforados se quedará sin ser procesado, imputado, juzgado y en su caso condenado si llega el caso y media denuncia frente a un hecho punible.

Un aforamiento no impide la acción de la justicia sobre quien lo disfruta; en el “mejor” de los casos le otorga una garantía por razón de su puesto frente a posibles denuncias espurias e interesadas, que le discrimina positivamente, pero no le exime de su responsabilidad penal o administrativa.

He conocido a diputados regionales del Parlamento de La Rioja, (aforados) que denunciados por empresas parásitas de la sanidad privada a las que habían criticado por su relación contractual con la administración, terminaron injustamente encausados, investigados e imputados por supuestas calumnias, que luego se demostraron falsas. Fueron juzgados pese a su condición de aforados. No escaparon a la acción de la justicia -en modo alguno- por disfrutar de aforamiento.

Y ya que nos ponemos manos a la obra para solucionar “el gran problema de España” hay que animar al Gobierno a atajarlo de raíz. Que no dejen ni uno.
De los 250.000 aforados, únicamente 2000 son políticos ( el 0,8 % del total) …El resto, es decir 248.000 se reparten entre vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscales y jueces… Defensor del Pueblo, Defensores del Pueblo autonómicos, consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, altos mandos del ejército...Integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, Mossos d´Esquadra, Policía Foral, Ertzaintza y hasta la Policía Local.

No parece nada lógico retirar el aforamiento precisamente a los únicos aforados elegidos democráticamente por los ciudadanos, y mantenerlo para los que nadie ha elegido, tal es el caso de los miembros de la Casa Real. ¿Por qué motivo uno sí y el otro no?

Si tras la reforma constitucional, un Presidente de Comunidad Autónoma ha de ser encausado por un tribunal ordinario, por muy absurdo o inverosímil que sea el fundamento de la denuncia, no encuentro motivo racional alguno para que un juez, un fiscal o un cabo de la policía autónoma catalana no tengan el mismo tratamiento e igual destino.
Por lo que hay que animar al Gobierno de España para que, una vez metidos en harina, no pierdan la oportunidad de eliminar todos y cada uno de los 250.000 aforamientos. Que no quede ninguno.
De lo contrario, estaremos poniendo en marcha una medida que lejos de eliminar supuestos “privilegios” solamente alimenta ese populismo estúpido y sin sentido, que nos puede terminar empujando a la paradoja de tener que dedicar más tiempo y esfuerzos a las banalidades, que a solucionar los verdaderos problemas del país.

Tendremos que plantearnos si es prudente montar el “cristo” de reformar la Constitución para terminar dejando el “privilegio” intacto para el 99,2 % de sus beneficiarios.

Es la ocasión de caminar hacia un país donde todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, pero también los jueces, también los miembros de la Guardia Civil y también el Rey.
Si no lo hacemos de este modo, no sólo no avanzaremos, sino que perderemos el tiempo.