La fiscalía les investiga y ellos lo ocultan.

En muchas ocasiones se ha acusado al gobierno del Partido Popular de actuar de manera discriminatoria ante los ciudadanos. De tolerar y facilitar las iniciativas o necesidades de sus amigos, de ser contrarios ante las de sus “enemigos” y apáticos con los desconocidos. En suma, de poner en marcha la doctrina del Conde de Romanones, que venía a decir lo siguiente: “Ponle el culo al amigo, dale por el culo al enemigo y al indiferente le aplicas la legislación vigente”.
Cuando les dices esto en la cara, (que gobiernan para sus amigos) se ponen dignos y se ofenden...

Ante las situaciones de trato de favor, la mayoría de la gente calla, unos pocos alzan la voz e incluso hay quien tiene los arrestos suficientes como para denunciar ante la fiscalía.
Precisamente esto último es lo que ha sucedido. El pasado mes de mayo, un funcionario del propio Ayuntamiento de Calahorra formalizó una denuncia ante la fiscalía contra varios ediles del mismo, (con nombres y apellidos) así como contra otros funcionarios de responsabilidad, acusándolos de cometer presuntos tratos de favor y de la comisión de otras conductas que igualmente pudieran ser consideradas constitutivas de presuntos delitos en el desempeño de sus funciones. Es una acusación grave y con indicios de veracidad suficientes como para que la fiscalía actúe, por lo que seguramente la denuncia estará sustentada en la correspondiente documentación que lo demuestre.

La consecuencia ulterior a esta denuncia ha sido el requerimiento, trasladado por escrito al Ayuntamiento de Calahorra desde la fiscalía. Un documento que el PSOE solicitó por escrito y que le fue denegado, en lo que se puede considerar como un ejercicio vergonzante de falta de transparencia y en la clara intención de ocultar a los representantes de los ciudadanos las investigaciones que a consecuencia de la denuncia está poniendo en marcha la fiscalía.

Para la fiscalía de La Rioja, la denuncia presentada por el funcionario merece crédito...Algo que resulta evidente ya que han iniciado Diligencias Informativas dirigidas al Ayuntamiento de Portillo, al que le solicitan información sobre los hechos denunciados. Una petición de información que pese a figurar reflejada en el registro municipal de entradas no se facilita a la oposición, algo inaudito y que jamás había sucedido, ya que todos los documentos que se registran pueden ser solicitados por cualquier grupo político.
Llegados a este punto, cabe hacerse muchas preguntas. ¿Resulta que lo que investiga la fiscalía, es la conducta denunciada de varios ediles, alcaldes incluidos, así como altos funcionarios?, y de ser así, ¿Qué es lo que con tanto celo se quiere ocultar y tapar? ¿Por qué la Fiscalía ha abierto Diligencias Informativas? ¿A qué va a esperar Luis Martínez-Portillo para salir a dar explicaciones?