Una ley inspirada en obstaculizar deliberada y arbitrariamente a un sector estratégico para la economía…no puede servir al interés general. Mucho menos si se justifica esa arbitrariedad con la excusa de proteger, sin equilibrio ni proporcionalidad, el paisaje de La Rioja en su conjunto.
Eso es exactamente lo que le ha
pasado a la ley 4/2025 de 1 de julio del Paisaje de La Rioja. Una iniciativa
del gobierno de Gonzalo Capellán, impulsada por la consejera de
agricultura…máxima responsable política de este desastre.
Inicialmente nos vendieron la ley
como una herramienta efectiva para proteger los paisajes de La Rioja.
Compartíamos el espíritu de conservar y restaurar “el paisaje” como un bien
común necesario. Era una idea atractiva. Pero cuando el anteproyecto llegó a
nuestras manos, vimos que realmente era un texto sectario, cuyo único interés
consistía en asfixiar a determinados sectores por completo. Entre ellos, y muy
significativamente, a la producción de energía fotovoltaica y a la minería
tradicional.
Por el contrario, cualquier tipo
de ataque, a todo el paisaje riojano sin distinción, queda al alcance de la
mano de otros sectores “elegidos”. Atentando
contra cualquier principio de proporcionalidad, mediante la arbitrariedad
otorgada al Gobierno de La Rioja, que se reservaba la capacidad de poder
autorizar cualquier actuación o proyecto, sin límite real alguno. Aunque ello
suponga vulnerar el espíritu de su propia ley y su articulado, mediante “la
varita mágica” de la excepcionalidad.
Una ley, para ser buena, ha de
ser igual para todos y debe tener en cuenta a todos los sectores implicados;
las administraciones, los agricultores, los instaladores de placas solares y
también a los promotores industriales… buscando siempre el interés general, y
esta ley no lo hace.
No ha pasado ni un año desde su
aprobación, por parte del Partido Popular en solitario, y ya hemos visualizado
varios “indultos” a lo que la propia ley exige y supuestamente venía a
proteger. Indultos o excepcionalidades
que se autorizan siempre y cuando al Gobierno de La Rioja le parezca bien.
El que más contestación social
está recibiendo lo encontramos en Manjarrés. El gobierno regional se ha servido de la
declaración como PIER (Proyecto de Interés Estratégico Regional) para permitir la construcción de una macro
planta de fabricación de hormigón, lo que arruinará para siempre su hasta hoy “idílico
paisaje agrario riojano”, que supuestamente iba a proteger esta ley.
Otro ejemplo de la inutilidad de esta
norma disparate va a ser el “indulto” para arrancar indiscriminadamente viñedos,
que ya impulsa sin tapujos la propia consejera Noemí Manzanos. Es decir, se
incentivará el deterioro del paisaje que todos los riojanos sin duda considerarían
prioritario a proteger. Y se subvencionará con fondos públicos. Miles de
hectáreas de viñedos serán arrancadas de cuajo y, con su arranque, se arruinará
el “sacro santo paisaje riojano”, cuya principal referencia de protección de esta
ley, eran precisamente los viñedos.
Es una ley escrita sobre papel
mojado. Sectaria, ideológica y ventajista. Elaborada sin ningún criterio
técnico de calado. Sin rigor y con un sinfín de indicios de
inconstitucionalidad, derivados de sus evidentes invasiones competenciales.
Circunstancia esta última, de la que el Partido Popular fue advertido en
repetidas ocasiones por diferentes expertos, por el resto de formaciones políticas,
e incluso por el propio Consejo Consultivo de La Rioja. Les dio igual, porque
no escuchan a nadie. Solamente obedecen a sus intereses y al de sus amigos.
Una ley que ahora mismo se
encuentra recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional.
Hasta la fecha, esta normativa no
ha protegido el paisaje. Mucho menos ha impulsado su restauración. Para lo
único que ha servido es para crear órganos innecesarios, como el “Observatorio
del Paisaje”. Chiringuitos que se llenarán de altos cargos del Partido Popular,
en un claro ejemplo de duplicidad frente a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR).
Si de verdad quieren proteger y
restaurar los excepcionales paisajes de nuestra tierra, es momento de traer una
modificación de la misma al Parlamento. Acomodar a la legalidad competencial los 9
artículos y 2 disposiciones señaladas como inconstitucionales y, abrir un
proceso real de participación.
Un gobierno serio y responsable,
ha de legislar con seguridad jurídica, con la intención de beneficiar al
conjunto de la sociedad, y no con el objetivo de satisfacer las siempre
interesadas filias y fobias de la Sra. Noemí Manzanos.
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