Concejales teledirigidos por WhatsApp

Cuando un ciudadano normal se acerca a las urnas con la intención de elegir a sus representantes para que durante los próximos cuatro años dirijan el destino de su localidad, lo hace en la confianza de que las personas que se presentan están en esa candidatura por convicción. Por sentido de responsabilidad. Por iniciativa propia. Por conocimiento. Por capacidad de reacción y de adoptar decisiones. Por inquietud social y por vocación de respeto a la legalidad.
Cuando después de votar a alguien, nos damos cuenta de que nos engaña, de que aquello que prometía no lo cumple…Que su preparación para representar a la ciudadanía es directamente proporcional a su experiencia, y que su criterio es tan inexistente que para hacerse visible necesita de la previa autorización de una amalgama interminable de personas, a las que se consulta antes de tomar la más nimia decisión….Es muy legítimo pensar que políticos semejantes no hacen otra cosa que calentar asientos -en el mejor de los casos- y traicionar la confianza de quienes les votaron en el peor, convirtiéndose en marionetas que bailan al criterio de cualquiera, careciendo del suyo propio.

Por eso no es de extrañar lo que sucedió el pasado martes en el pleno del Ayuntamiento de Calahorra, en el que uno de los abundantes asistentes como público, le reprochó a otro que estuviese enviando (sin descanso) mensajes con instrucciones a una de las portavoces que intervenía.
Le dijo que era una vergüenza que estuviera todo el rato enviándole recados desde el teléfono con lo que tenía que hacer y decir en cada momento, y que sería mucho mejor -y más honesto- que se pusiera él de concejal y sacará a su mujer del escaño.

En ese mismo pleno, se decidía si sancionar o no a los responsables de la destrucción -en 2007- del Soto del Parque del Cidacos ( un Soto de 4,5 hectáreas, que estaba protegido por ley).
Un tema que regresaba al pleno gracias a la última Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que daba la razón a “Ecologistas en Acción”, la plataforma “Salvemos el Parque”, al PSOE y al PR, que recurrieron el archivo del caso ante los tribunales, porque se había decidido cerrarlo por parte del Partido Popular de un modo fraudulento.

Pese a que la comisión de la infracción urbanística (destrucción completa del bosque con maquinaria pesada) está perfectamente acreditada, señalada y reconocida por:
a) La Fiscalía de la Rioja
b) La Dirección General de Medio Natural
c) La Defensora del Pueblo
d) Javier Pagola (que firmó un decreto paralizando las obras)
e) La Ingeniero Técnico Agrícola Municipal (varios informes)
f) La TAG de urbanismo (así lo declaró ante el Juzgado)
g) La Dirección General de Vivienda (obligó a abrir un expediente sancionador al Ayto. de Calahorra)
h) La magistrada del Juzgado número 3 de Calahorra
i) El propio Ayto. Imponiendo la restauración de un terreno en otra parte.

Pese a que la conservación del soto era una condición de obligado cumplimiento impuesta y reflejada por:
1)La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja.
2)La Dirección General de Medio Natural del Gobierno de la Rioja.
3)Por el Plan Parcial aprobado, que es Ley.
4)Por varios informes vinculantes emitidos por el Ayto.
5)Por el proyecto de urbanización.

...Pese a todo esto, los concejales del PP y los de CIUDADANOS optaron por dejar sin sanción a los responsables, y en un ejercicio de cinismo intolerable, lo hicieron agarrándose a un informe a la carta (encargado personalmente por Luis Martínez Portillo a su aparejador municipal), que casualmente es el ÚNICO informe que negando la mayor, extralimitándose en sus competencias y libre interpretando gravemente la realidad reconocida por el resto de actores mencionados, concluye afirmando que no existió infracción urbanística.
Un informe indecente en su forma y en su fondo.
Agarrándose a tan pueril argumento, y desoyendo todo lo demás, CIUDADANOS, que solo dedicó un fin de semana a este asunto, que nada sabía de lo acontecido durante los últimos 9 años (y que se había abstenido en la comisión de urbanismo previa), cambió su voto y su criterio, para pasar a apoyar al PP y decidió que iban a ponerse del lado de quienes destruyeron el bosque ( y de los que durante 9 años se han negado con uñas y dientes a imponerles sanción alguna).

Estos políticos anodinos, que han llegado para impedir el cambio político que Calahorra expresó en las urnas, se pusieron de parte de los que siguen sin pagar por lo que ilegalmente arrasaron, ni han restituido el bien público que dañaron.
Votaron “NO” y lo hicieron conscientes de que con ello infringían su juramento de “Guardar y hacer guardar las leyes”, ya que el soto estaba protegido por el Plan Parcial, que es Ley de obligado cumplimiento. Adoptaron una resolución injusta a sabiendas.
Pero esta historia no ha terminado aquí…Ni mucho menos.
Lejos de acabar, la infracción urbanística se cometió y va a ser perseguida. El soto destruido sigue sin ser recuperado. Los responsables siguen sin pagar su responsabilidad. Y la infracción, gracias a las paralizaciones judiciales y administrativas no ha prescrito.

Los movimientos sociales y el resto de partidos políticos del Ayuntamiento (PSOE, PR e IU) van a adoptar todas las medidas precisas para que este atentado contra el patrimonio natural de Calahorra y contra la legalidad vigente no quede impune.