Como diría aquel: “Para ese viaje no hacían falta alforjas”, porque todo el mundo sabía que era ilegítimo y que el TC terminaría dictando una sentencia de ilegitimidad contra el Gobierno de La Rioja (entonces presidido por José Ignacio Ceniceros).
Para tumbar el recurso, el tribunal ha tenido en consideración principalmente (y sobre sus argumentos arma la propia sentencia) las alegaciones que contra el Gobierno de La Rioja presentaron los servicios jurídicos del propio Parlamento de La Rioja.
Unas alegaciones en las que se ponía de manifiesto la ilegitimidad para recurrir una Ley aprobada por la Cámara, y la inusual conducta mostrada por el ejecutivo regional con el Gobierno de España, que ofreció la posibilidad de reunir una comisión bilateral para subsanar algunas discrepancias que observaron en el texto de la propia ley, algo a lo que se negaron desde el gobierno regional, prefiriendo ir corriendo al TC.
Llegados a este punto, (en que la única realidad posible ha terminado por imponerse) cabe reconocer que lo que verdaderamente sucedió fue un "teatrillo". Una representación teatral en la que, pese a conocer que su recurso no tenía la menor posibilidad de prosperar, el gobierno del PP tiró hacia delante en plena campaña electoral, en el único interés de complacer a aquellos sectores sociales más contrarios a los derechos de los animales y a las restricciones que contempla el cuerpo de la ley.
Para seducir el voto de cazadores, taurinos y otros colectivos a pocas semanas de la contienda electoral, se vertieron mil embustes sobre la ley, se “libreinterpretaron” algunos de sus artículos y otros se retorcieron para intentar que parecieran absurdos e innecesarios.
Se les hizo creer que como gobierno tenían legitimidad para recurrir la ley cuando no era cierto. Crearon falsas expectativas he hicieron a muchos albergar esperanzas que se sabía claramente no existían.
Se trató de una evidente táctica electoral, que como todos sabemos no surtió mucho efecto en las urnas, y por lo que vemos mucho menos en los tribunales.
Por tanto que nadie más se "autoengañe" ni se deje engañar, la Ley de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de La Rioja es una ley en pleno vigor desde el primer día en que fue aprobada en el Parlamento y hasta el día de hoy. Y su cumplimiento estricto es (como en cualquier otra ley) obligatorio.
Un texto trasladado desde las calles al Parlamento, en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es referente a nivel estatal y del cual muchas Comunidades están asimilando su articulado.
Un texto que da cuerpo a una ley que ha venido para quedarse, pese a que sufrirá en breve alguna modificación, y cuyo mayor objetivo siempre fue evitar el maltrato sobre los más indefensos.
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