La tabarra del 8M

A este gobierno de socialistas, progresistas y comunistas (así le llaman)  se le podrá echar la culpa de muchas cosas… ¿O tal vez no?… Y por eso es necesario inventar donde no hay…


                           
                                Han necesitado crear de la nada  una causa sumarísima y absurda para intentar demostrar lo indemostrable. Esa causa es la del 8M. Un multiusos que agitar en mitad de la conversación cuando no tienes otra cosa que alegar contra el Gobierno de España en su titánica y eficiente lucha contra el COVID-19. Algo a repetir como un loro mal educado o un CD rallado.

Y para crear de la nada una causa semejante es necesario el concurso de mucha gente. El aporte a la olla de muchos condimentos, también políticos y sociales.

La admisión a trámite por una magistrada de la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, por autorizar la celebración de la manifestación por los derechos de las mujeres, ha sido una de las “iniciativas judiciales” que mayor estupor ha causado entre propios y extraños en el presente ejercicio.
Supone en sí misma la negación más absoluta de la propia Constitución Española, que en su artículo 21 consagra el derecho de reunión, así como que para ejercerlo NO ES NECESARIA autorización alguna, simplemente comunicar tu intención de reunirte o manifestarte y el recorrido o lugar de dicha reunión. Bien es cierto que cuando se van a ocupar zonas de tránsito público es obligada la comunicación por parte de los organizadores, pero no para que se autorice, sino para que se prohíba en caso de que se prevean alteraciones del orden público. Eso es todo.

Para mayor abundamiento, la solicitud de reunión (para la manifestación del 8M) se formalizó ante la delegación en el mes de febrero, y ante la misma el delegado nada tuvo que alegar (para lo cual solo se dispone de 72 horas) ni qué hacer , más allá de darse por enterado y dar conocimiento de la misma al Ayuntamiento de Madrid y a las FFCCSE para la puesta en marcha de los correspondientes dispositivos de cortes de calle, ordenación del tráfico y resto de procedimientos que habitualmente se desarrollan en la ciudad con mayor número de manifestaciones anuales de todo el país. Un proceder rutinario.
Por tanto, parece inverosímil  que se puedan abrir diligencias penales a alguien por autorizar algo que evidentemente no había autorizado, porque no se puede autorizar. Pero en materia de “libre interpretación” de leyes no hay nada absurdo y todo es posible.
Por ello el Sr. Franco (delegado del Gobierno en Madrid) terminó declarando en el juzgado acusado de la comisión de un delito de prevaricación, armado sobre la fallida presunción de que él mismo había dictado una resolución manifiestamente injusta cuando autorizó la manifestación del 8M en Madrid. Algo surrealista como ya he explicado, por la incapacidad manifiesta del Sr. Franco para autorizarla, mucho más para hacerlo con la intención de generar una pandemia mundial,  presuntamente ocultando sus inexistentes conocimientos en la materia.

El profesor Javier Álvarez, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III lo tiene muy claro y así se manifestaba en una entrevista para RTVE:

“El delegado del Gobierno en Madrid no tuvo posibilidad de prohibir la celebración de esa manifestación en ningún caso, porque cuando se solicitó no existían elementos objetivos de alteración del orden público que justificasen una suspensión, que serían los únicos a los que se podría agarrar para prohibirla”… “Estamos ante una judicialización de la política y esto es un desastre, estamos ante informes de la Guardia Civil que no hay manera de sostenerlos, llenos de contradicciones y de omisiones que solamente se pueden entender intencionadas, y nos encontramos ahora mismo en una situación que políticamente da toda la impresión se está manejando desde determinados centros dirigidos a causar una gran inestabilidad”

Ayer mismo se conocía que la “Unión de Oficiales de Guardias Civiles” anuncia que recurrirá el "prematuro" archivo de la 'causa del 8-M'.
La UOGC, que tiene junto a la “Asociación de Consumidores José María Mena” la dirección letrada de todas las acusaciones populares que han pedido personarse en el procedimiento, cree que la investigación “debería continuar”.