En cierta ocasión, desde un colectivo cívico ciudadano emprendimos un procedimiento judicial contra un ayuntamiento, por destruir impunemente 50.000 m² de un bosque natural de ribera. Vimos con claridad cómo funciona la justicia en España.
Nos pasó exactamente lo que le pasa a cualquier ciudadano (que no se apellide García Ortiz, o que no sea la esposa de un presidente de gobierno socialista), es decir, el asunto tardo años en llegar a juicio y, no tuvimos una sentencia hasta 10 años después de haber comenzado.
Algunos magistrados hoy en día en España, no distan mucho de los que ejercían en el franquismo. Siguen aplicando sin pudor la reputada “doctrina Romanones”, que consiste en ponerle el culo al amigo, dar por el culo al enemigo, y al indiferente…aplicarle la legislación vigente.
Eso es lo que de forma vergonzante está sucediendo en un país, en el que 47 años después de terminada la dictadura fascista, los usos y costumbres del antiguo régimen siguen vigentes en algunos juzgados. Pero lo más preocupante no es que existan “Peinados o Hurtados” dirigiendo juzgados de instrucción…no, para nada. Lo verdaderamente lamentable es que nadie desde el propio poder judicial les pare los pies.
La historia reciente de la "autodisciplina judicial" ha demostrado que solamente se puede suspender y expulsar de la judicatura a un magistrado, si éste se ha dedicado a investigar y esclarecer los crímenes del franquismo, tal y como le sucedió a Baltasar Garzón. Un juez expulsado de la judicatura por las escuchas a los delincuentes de la Gürtel, (todos ellos del PP) en una persecución política contra el juez que fue espuria, como así lo ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Estos días la ciudadanía española observa con estupor, cómo destacados dirigentes de la derecha española, tal es el caso de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, pide en una entrevista televisiva a jueces y fiscales, que actúen de forma política en el desempeño de su labor pública, contra el Gobierno de España. Un descaro desconocido en occidente, que coloca a la justicia en un difícil escaparate frente a la opinión pública.
¿Cómo es posible que cualquier ciudadano que interpone un litigio en un juzgado tenga que esperar años y más años a que se celebre su juicio, y sin embargo, para perseguir políticamente a la mujer del presidente del Gobierno, o al fiscal general del Estado, los juzgados, los magistrados y, toda la tramitación de sus asuntos se suceda encadenada a velocidad de crucero?
¿Cómo puede ser posible que se pida una fianza desorbitada al fiscal general del Estado, (125.000 euros) por el presunto envío de un correo electrónico, cuando por delitos infinitamente mayores, se están pidiendo fianzas infinitamente inferiores, en el mismo juzgado?
¿Cómo es posible que, a un fiscal general del Estado, al que se le acusa (sin pruebas y con testimonios a favor) de haber enviado un correo electrónico, se le puede pedir seis años de prisión por semejante gilipollez…mientras en algunos juzgados, están sus titulares dejando sin condena a violadores confesos, alegando que no queda muy claro si la mujer violada se resistió lo suficiente para que no la violasen, o si la ropa que llevaba era o no apropiada?
¿Cómo es posible, que se haya llamado cuatro veces a declarar al juzgado de forma presencial a la mujer del presidente socialista del Gobierno de España, por la estupidez soberana de tener una asesora personal en la Moncloa…pese a ser público y notorio que todos los presidentes del Gobierno (desde 1823 y hasta el día de hoy) han tenido asesores para sus esposas? Es más, Mariano Rajoy incluso tenía varios para atender a su padre, que se hospedaba en La Moncloa.
¿Cómo es posible que él mismo juez que ha intentado imputar al propio ministro de justicia, por la contratación de una asesora en Moncloa…al no conseguirlo impute a la mujer del presidente del Gobierno por la misma asesora?
¿Cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y, todos los órganos que en jerarquía están por encima del delirante juez Peinado, no hayan hecho nada para inhabilitar a este individuo, cuyo único y demostrado objetivo enfermizo es la persecución política del Gobierno del Partido Socialista?
Estas preguntas, que se hacen los ciudadanos asombrados del vergonzoso espectáculo judicial, tienen una respuesta muy sencilla: son los usos y maneras del franquismo, que sigue todavía muy vigente en este país.
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