En cierta ocasión, desde un colectivo cívico ciudadano emprendimos un procedimiento judicial contra un ayuntamiento, por destruir impunemente 50.000 m² de un bosque natural de ribera. Vimos con claridad cómo funciona la justicia en España.
Nos pasó exactamente lo que le pasa a cualquier ciudadano (que no se apellide García Ortiz, o que no sea la esposa de un presidente de Gobierno del PSOE), es decir, el asunto tardo años en llegar a juicio y, no tuvimos una sentencia hasta 10 años después de haber comenzado.
Algunos procesos judiciales, hoy en día en España, no distan mucho de los que acontecían en el franquismo. Se aplica igualmente la reputada “doctrina Romanones”, que consiste en ponerle el culo al amigo, dar por el culo al enemigo, y al indiferente…aplicarle la legislación vigente.
Eso es lo que está sucediendo en un país, en el que 47 años después de terminada la dictadura franquista, los usos y costumbres del antiguo régimen siguen vigentes en algunos procesos. Pero lo más preocupante no es que existan “Peinados o Hurtados” dirigiendo juzgados de instrucción…no, para nada. Lo verdaderamente sorprendente es que nadie les pare los pies. Y lo es porque la causa contra Begoña Gómez ( que no olvidemos nace de una denuncia sin carga probatoria presentada por un sindicato de ultraderecha) ha sido convertida por Peinado en una causa general. Una causa prospectiva que no se ciñe a un objeto concreto, sino que investiga toda la actividad de la esposa del presidente Pedro Sánchez, algo que contraviene lapidariamente los principios del derecho penal de nuestro país, que exige que cualquier acción del juez se base en pruebas sólidas y no en especulaciones o investigaciones preventivas y prospectivas, que es precisamente lo que hace el magistrado cuando, en un exceso evidente de vehemencia, solicita : "todos los correos electrónicos que haya enviado o recibido Begoña Gómez"...Pero pese a todo, nadie expedienta a este magistrado por una conducta, en mi opinión, claramente censurable.
La historia reciente de la "autodisciplina judicial" en España, lamentablemente nos demuestra que solamente se puedo suspender y expulsar de la judicatura a un magistrado, si éste se ha dedicado a investigar y esclarecer los crímenes del franquismo, o molesta al Partido Popular, tal y como le sucedió a Baltasar Garzón. Un juez expulsado de la judicatura por las escuchas a los delincuentes de la Gürtel, (todos ellos del PP) en una persecución política contra el juez que fue impropia e injusta, como así lo ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Estos días la ciudadanía española observa con estupor, como destacados dirigentes de la derecha española, tal es el caso de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, pide en una entrevista televisiva a jueces y fiscales, que actúen de forma política en el desempeño de su labor pública, y que lo hagan contra el Gobierno de España. Un descaro desconocido en Occidente, que coloca a la justicia en un difícil escaparate frente a la opinión pública.
¿Cómo es posible que cualquier ciudadano que interpone un litigio en un juzgado tenga que esperar años y más años a que se celebre su juicio, y sin embargo, para perseguir políticamente a la mujer del presidente del Gobierno, o al fiscal general del Estado, los juzgados, los magistrados , y bajo sus órdenes, toda la tramitación de sus asuntos se suceda encadenada a velocidad de crucero?
¿Cómo puede ser posible que se pida una fianza desorbitada al fiscal general del Estado, (125.000 euros) por el presunto envío de un correo electrónico aclarando una calumnia, cuando por delitos ciertos y demostrados, se están pidiendo fianzas infinitamente inferiores, en el mismo juzgado?
¿Cómo es posible que, a un fiscal general del Estado, al que se le acusa (sin pruebas y con testimonios a favor) de haber enviado un correo electrónico, se le puede pedir seis años de prisión por semejante gilipollez…?
¿Cómo es posible, que se haya llamado cuatro veces a declarar al juzgado de forma presencial a la mujer del presidente socialista del Gobierno de España, por la nimiedad soberana de tener una asesora personal en la Moncloa…pese a ser público y notorio que todos los presidentes del Gobierno (desde 1823 y hasta el día de hoy) han tenido asesores para sus esposas? Es más, Mariano Rajoy incluso tenía varios para atender a su padre, que se hospedaba en La Moncloa.
¿Cómo es posible que él mismo juez que ha intentado imputar y juzgar al propio ministro de justicia, por la contratación de una asesora en Moncloa…al no conseguirlo, impute a la mujer del presidente del Gobierno por la misma asesora?
¿Cómo es posible nadie haya hecho nada para expedientar o inhabilitar a jueces , cuyo único y demostrado objetivo enfermizo es la persecución política del Gobierno del Partido Socialista?
Estas son las preguntas que se hacen los ciudadanos, asombrados del vergonzoso espectáculo. Me temo que siguen siendo los usos y maneras del franquismo.
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